La administración Trump ha ordenado la destrucción de anticonceptivos por valor de 9,7 millones de dólares después de que estuvieran almacenados en un almacén belga durante meses. Los suministros, que incluyen píldoras, espirales e implantes hormonales, fueron comprados originalmente por la organización estadounidense de ayuda al desarrollo USAID para apoyar programas de planificación familiar en países de bajos ingresos. Según las listas de inventario, ninguno de los productos era un agente promotor del aborto. Sin embargo, fueron marcados adecuadamente por funcionarios y liberados para su eliminación. La destrucción, que costó a los contribuyentes un adicional de 167,000 dólares, se llevó a cabo a pesar de las ofertas de organizaciones globales como la Fundación Gates, que querían hacerse cargo de los suministros de forma gratuita. Los expertos en salud afirmaron que el almacén, con fechas de vencimiento hasta la década de 2030, podría haber evitado millones de embarazos no deseados y muertes maternas. La senadora Jeanne Shaheen condenó la decisión como "inhumana" y "derrochadora", advirtiendo que era parte de una campaña más amplia contra los derechos reproductivos. Los críticos también señalaron que este paso desperdició recursos urgentemente necesarios que podrían haber ayudado a las mujeres en campamentos de refugiados y áreas de crisis. El gobierno defendió la medida citando su oposición al aborto, aunque los productos destruidos no eran agentes abortivos.
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